¿Habrá pensiones en el futuro?

Sostenibilidad de las pensiones

 

Por Luis Domenech

Pues depende. La mayoría de los sistemas de pensiones de Europa se diseñaron cuando la demografía era muy  diferente de lo que es ahora, el trabajo se organizaba, se repartía y se retribuía de otra manera, y la realidad de hoy nada tiene que ver con la de aquel entonces, por lo cual deben ajustarse las reglas para reflejar la realidad actual, lo que abre un debate sobre la reforma de las pensiones en Europa basado en el intento de solucionar sus problemas fundamentales:

* La población europea está envejeciendo.
* La tasa de natalidad está disminuyendo.
* La esperanza de vida es cada vez mayor.
* Cada vez son menos las personas que contribuyen a financiar los sistemas públicos,
* Cada vez son mas las personas que cobran su pensión, durante períodos de tiempo más largos, y de manera actualizada.
* Cada vez mas, los avances tecnológicos están reduciendo la proporción de los ingresos laborales en el producto interior bruto.

Según el informe de la OCDE Economic Survey Spain 2025, entre 2005 y 2024, la población ocupada en España creció un 29%, un avance significativo en términos de capacidad productiva y base de cotización. Como vemos, ese crecimiento supera ligeramente el del grupo de mayores de 65 años y menores de 16 años — las cohortes dependientes. Los primeros (receptores netos de gasto) han crecido 10 puntos más que los ocupados. La tendencia es inequívoca: cada año hay más personas que necesitan ser atendidas y no muchas más que puedan sostener el sistema con su trabajo. Si a esos dos grupos añadimos el de desempleados, el problema se agrava.

Nuestro deficitario sistema de pensiones es el principal responsable del desajuste fiscal de la Hacienda española. Si en 2011 el Fondo de Reserva –la conocida «hucha de las pensiones»– superaba los 66.000 millones de euros, hoy el sistema acumula 126.000 millones de deuda y presenta un patrimonio neto negativo de 98.526 millones, y si le sumamos la creciente dependencia de las transferencias del Estado año tras año en que desde 2005, la Administración Central ha inyectado más de 400.000 millones de euros para sostener las prestaciones, una cifra equivalente al PIB de países como Austria o Noruega.

La causa principal de este desajuste la encontramos en la indexación de las pensiones al IPC. El coste mensual de esa medida ha pasado de unos 1.800 millones antes de 2021 a más de 3.000 millones en 2024, y así se va añadiendo el incremento de un año al del año anterior, un efecto perverso que amplifica el gasto.

En los países Europeos se están tomando decisiones de ajustes que garanticen el futuro de sus sistemas de pensiones. Así, en Francia propusieron aumentar la edad de jubilación en dos años, hasta los 64. Dinamarca ajusta su edad de jubilación cada cinco años en función de la esperanza de vida, y a principios de año aprobó su aumento hasta los 70 años en 2040, desde los 67 actuales. España elevó gradualmente la edad de jubilación de los 65 años a los 67, y hay un amplio debate sobre si hay que llevarla a los 70 años, con el rechazo frontal de trabajadores y sindicatos, y un serio enfrentamiento entre la economía y la política: la economía evalúa y rechaza los costes, la política evalúa los incentivos electorales de sus propuestas que ponen en peligro la sostenibilidad del sistema, y los ciudadanos desconfían de que su esfuerzo contributivo les permita disfrutar de una pensión digna.

No es fácil encontrar el camino que nos permita superar estos problemas, y que nos garantice un futuro viable para el sistema de pensiones. La solución no está en subir únicamente la edad de jubilación, ni en aumentar únicamente el periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión, lo que habrá que hacer es incorporar nuevos mecanismos de ajuste automático que permitan adaptar las pensiones a las realidades económicas y demográficas cambiantes. Es necesario mejorar la predictibilidad del sistema para que este sea creíble.

Puede que en un determinado momento sea necesario valorar la reducción de las pensiones para poder garantizar su cobro: mejor cobrar menos que nada. Puede que se pueda aliviar esta tensión con otro tipo de compensaciones al pensionista, que les permita reducir su carga de gastos.

La que seguro no es una buena solución es la financiación de la elevación de los costes del sistema de pensiones mediante a emisión de nueva deuda.

Ocho posibles medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones

1. Introducir un factor de sostenibilidad que ajuste el importe de las pensiones iniciales a la esperanza de vida de la cohorte de trabajadores que se jubilan. En la práctica, esto significa que las personas que se jubilan más jóvenes recibirán una pensión más baja, ya que es probable que reciban pagos durante más años. Esto crea un incentivo para que los trabajadores prolonguen su vida laboral.
2. Introducir una norma de ajuste automático que actualice los derechos de pensión y las pensiones para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. En la actualidad, muchos sistemas actualizan las pensiones utilizando el índice de precios al consumo. Esto no es sostenible, ya que reduce la tasa de sustitución de la pensión, es decir, la relación entre el salario previo a la jubilación y los ingresos por pensión. Esto es especialmente cierto en un entorno de crecimiento bajo o incluso nulo de la productividad laboral (como es el caso de España).
3. Calcular las pensiones utilizando las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral de los trabajadores que se jubilan, en lugar de los últimos 25 años o alguna otra medida reducida. No tener en cuenta los primeros años trabajados tiende a beneficiar a los que más ganan y a infradotar el sistema en su conjunto.
4. Eliminar los límites máximos de las cotizaciones a la seguridad social, pero mantener las pensiones máximas, de modo que los que más ganan paguen más al sistema sin recibir a cambio pensiones más altas.
5. Ofrecer una compensación única a los trabajadores y jubilados que salgan perdiendo con estas reformas. Estas compensaciones pueden financiarse con deuda pública. Este componente transitorio facilita una transición justa y evita el rechazo social que a menudo provoca el fracaso de las reformas de las pensiones.
6. Racionalizar los 19.834 entes públicos dependientes del Estado, cuyo volumen refleja un «sobredimensionamiento» administrativo que genera ineficiencias y eleva los costes.
7. Auditar el sistema de subvenciones. Entre 2018 y 2024 se han concedido 184.524 grandes subvenciones (ayudas de más de 100.000 euros), con una tendencia claramente ascendente: de 17.552 en 2018 a 29.804 en 2024. El promedio anual del actual Gobierno asciende a 26.361.
8. Revisar determinadas partidas, como las destinadas a políticas de Igualdad. Según ul informe, con un presupuesto superior a 500 millones, se han financiado actividades muy diversas –carreras de tacones, talleres de maquillaje, masterclasses de zumba o jornadas de pádel– y también «informes extravagantes», como uno de 10.000 euros que concluía que «las mujeres trans sufren más la menstruación que las mujeres biológicas».


La sostenibilidad futura debe de basarse en la reducción de los gastos del sistema, el fomento del ahorro privado, y en promover una vida laboral as larga. La consecuencia de no tomar este tipo de medidas que garanticen el futuro de las pensiones, será que para pagarlas haya que disponer de mas recursos económicos que no se tienen, por lo que habrá que recaudar mas impuestos de todo tipo; mas renta, mas IVA, mas tasas, mas de todo, medidas que gozan de escasa popularidad entre los ciudadanos.