La deuda pública ha superado los € 2 billones por primera vez justo antes de que el Gobierno dispare el gasto en Defensa. Toca ver como se paga.

Economía y Deuda

* La deuda pública en España se desboca hasta un récord de 2 billones de euros por primera vez, aunque 372.000 millones están en manos del Estado a través de diferentes administraciones y bajan el dato contable a 1,63 billones.
* Son las últimas cifras previas al mayor aumento de gasto en Defensa de la democracia dentro del plan Rearme de la UE, y de la condonación de parte de la deuda catalana, que harán que esas partidas lleven  a un mayor déficit y endeudamiento público para financiarlas.

A nivel personal, el que gasta lo que no tiene porque aún no se lo ha ganado, solo lo puede hacer endeudándose previamente, y todos sabemos que las deudas cargan con los correspondientes intereses que también hay que pagar. El endeudarse sale caro. Lo sabe todo el mundo, excepto Pedro Sánchez y sus ministros.

El estado de la deuda de España

El endeudamiento público de España sigue subiendo de una manera escandalosa  pese a los repetidos mensajes que lo minimizan desde del Gobierno. En concreto, desde que Pedro Sánchez tomó posesión del cargo en junio de 2018, lo hace a un ritmo de 2.025 euros por segundo o 121.500 por minuto, que el equivalente a un pedir un  crédito hipotecario para comprarse un piso. La diferencia está en que lo que una persona se endeuda por una vez en su vida, lo tarda en pagar muchos años años. El Estado en cambio lo hace en un abrir y cerrar de ojos y de manera continuada, por lo cual la dimensión total de la deuda no deja de agigantarse.

La deuda pública creció hasta los 1,63 billones de euros en enero, un 2,8% más interanual, según datos del Banco de España (BdE) conforme al protocolo de déficit excesivo (PDE) del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con Bruselas. Esa contabilidad del PDE excluye aquella deuda contraída por emisores públicos pero que está en manos o ha sido adquirida por otras Administraciones del Estado como Ayuntamientos y Autonomías, cuya deuda en enero se situó en 372.000 millones de euros. Sumadas ambas, la deuda pública en España acaba de superar los 2 billones de euros por primera vez en toda la serie histórica.

Aunque desde el gobierno se escudan en la rebaja de la relación deuda / PIB como factor de sostenibilidad, pese a que la deuda está peor todavía que antes de la pandemia, al cierre de 2024, esa métrica de apalancamiento bajó al 101,8%, 3,3 menos que 12 meses atrás. En 2019 era el 97,7%. Son las últimas cifras en la antesala del mayor aumento de gasto en Defensa de la democracia como parte del plan Rearme de la UE.

Bajo la presidencia de Sánchez (2.436 días hasta el pasado 31 de enero, fecha del último dato del BdE), la deuda pública se ha disparado en 553.585 millones de euros en el volumen de la deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas. Con ajuste contable citado del PDE, el incremento es de 426.042 millones. Su Gobierno lidera el aumento.

Mientras que el Estado y entes centrales suman 460.235 millones de euros al pasivo desde junio de 2018, hasta alcanzar los 1,48 billones, las Comunidades Autónomas (CCAA) han añadido 41.917 millones, hasta 335.302 millones, según datos que recopila el BdE. Ninguna de las cifras recoge los potenciales efectos de la mal llamada 'condonación' de parte de la deuda autonómica, que solo busca trasladar pasivos desde las CCAA a la cuenta central.

La Seguridad Social es el organismo cuya deuda cobra vida por sí sola en estos seis últimos años con un aumento de la deuda generada de 91.285, hasta 126.173 millones, a pesar del aumento en cotizantes y cotizaciones, mientras que el apartado de otros organismos centrales, como empresas públicas o dependientes, han recortado el pasivo en -32.766 millones, hasta 36.395 millones.  También han mejorado sus cuentas las corporaciones locales (ayuntamientos) al restar 7.000 millones, hasta 22.284 millones. Por su parte, la cartera de deuda en manos de las Administraciones Públicas se ha elevado en 127.542 millones.

Ahora Sánchez pretende incrementar el gasto en defensa sin tocar el gasto social y dice que sin subir los impuestos (algo que nadie se cree), en un imposible intento de lograr la cuadratura del círculo.
Aunque las perspectivas de crecimiento económico para España se encuentran entre las mejores de Europa, con una inmigración y exportaciones netas dinámicas, un desapalancamiento externo y unos costes energéticos más bajos en comparación con otros países de su entorno, resalta un informe de S&P, y que está menos expuesta de forma directa a la guerra de los aranceles del Gobierno Trump, los riesgos para el crecimiento económico son elevados a nivel global y por tanto para España  

El citado informe de S&P enumera una serie de peros a la política económica del actual gobierno. Primero, la deuda pública "sigue siendo elevada" y las presiones para aumentar el gasto de defensa ponen en riesgo el equilibrio de los presupuestos, generando más déficit y deuda a futuro que estropearán las posibilidades de mejora de la calificación. Además, la firma considera que el mercado laboral sigue sin funcionar bien, pese a la buena situación del empleo, por la baja productividad, el alto absentismo laboral y el paro, cuando se comparan los datos de España con los de buena parte de las economías con las que se equipara.

El relativo dinamismo del mercado laboral se debe en parte a la fuerte inmigración, especialmente desde Latinoamérica, para cubrir la escasez de mano de obra", recuerdan. En concreto, el desempleo en España se situó en el 10,6% al cierre de 2024, cuatro puntos por encima de la media de la eurozona del 6,3%, según S&P.

Eso sí, S&P advierte que puede rebajar su rating si los resultados presupuestarios y de balanza de pagos se deterioraran por desviaciones presupuestarias debido a aumentos no abordados del gasto en defensa u otros gastos, o si las tensiones comerciales por los aranceles mermaran los superávits por cuenta corriente de la economía española.

Como piensa el Gobierno pagar la deuda

La respuesta es evidente: exprimiendo a los ciudadanos, por lo que ahora debemos de repasar como el Estado pretende pagar toda esta deuda, para lo cual la Agencia Tributaria ya se ha puesto manos a la obra poniendo el foco en varios aspectos de la economía nacional. Por ejemplo escrutando minuciosamente a aquellas personas que tengan un nivel de vida que no se corresponda con lo que declaran.

Para llevar a cabo esta tarea, la Agencia Tributaria ha creado un nuevo equipo concursal que revisará los beneficios y ventajas fiscales de reestructuraciones empresariales y vigilará a contribuyentes con un tren de vida superior al declarado, escrutará las reestructuraciones empresariales y los concursos de acreedores, así como el uso de neobancos y criptoactivos. Este es el documento de trabajo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para el año 2025, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde viene a decir que "En el apartado de investigación y control del fraude tributario y aduanero, se pretende intensificar la vigilancia sobre determinadas operaciones y actividades donde se considera que pueden concentrarse riesgos fiscales de entidad", según manifiesta la Agencia Tributaria.

Así, de un lado, Hacienda anticipa que se "centrará la atención en aquellos contribuyentes en los que existan discordancias entre su nivel de vida y los signos externos de riqueza que presentan con las rentas y/o patrimonio declarados". Es decir, que se investigará con especial ahínco el caso de particulares que por su elevado nivel de vida frente a los datos patrimoniales compartidos con el Fisco pudieran estar ocultando parte de su fortuna, intensificando las actuaciones de control sobre aquellos supuestos en los que "la ocultación de rentas, o la utilización abusiva de sociedades instrumentales para desviar gastos personales o situar activos para su uso personal, permiten a determinados contribuyentes mantener estándares de vida que no se corresponden en absoluto con las rentas declaradas ni el patrimonio conocido".

La Agencia Tributaria explica que este perfil de contribuyentes se vale para ello de "la utilización abusiva de sociedades instrumentales para desviar gastos personales, situar en ellas activos para su uso personal, simular arrendamientos de bienes y servicios, o encubrir rentas a través de préstamos ficticios”. La labor de los inspectores de Hacienda ante estos casos será la de analizar en profundidad las estructuras empresariales y fiscales creadas para atribuir a las personas físicas el importe de todos los gastos e inversiones que les correspondan personalmente y que estén siendo fraudulentamente declarados como gastos deducibles o inversiones corporativas.

Hacienda también prevé potenciar el control sobre operaciones dirigidas a ocultar alteraciones patrimoniales significativas, haciendo que la Agencia Tributaria mantenga una especial atención a la interposición abusiva y ficticia de las sociedades mercantiles como mecanismo para reducir la carga tributaria de un patrimonio.

Otro de los ejes centrales del Plan de Control Tributario para 2025 será el control fiscal de la actividad de los neobancos, principalmente vigilando a los emisores de tarjetas de pago y revolvió con el objetivo de evitar que los medios alternativos de pago funcionen como un mecanismo de elusión o fraude tributario o como herramienta para el blanqueo de capitales.
El Fisco también reforzará la vigilancia sobre la economía digital, aprovechando la nueva información recopilada de las grandes plataformas de comercio electrónico, y aplicando nuevas tecnologías para afinar la valoración de las mercancías y combatir las infra-declaraciones de IVA.

A su vez, se impulsarán actuaciones de control sobre contribuyentes que hayan "operado con monedas virtuales sin declarar las rentas o ganancias derivadas de su tenencia y transmisión".
Por otra parte, en la lucha contra la economía sumergida, la Agencia Tributaria pondrá el énfasis en el control de las terminales de venta (TPV) para pago con tarjeta en comercios. A su vez, se elevará el control sobre ciertos colectivos como el de los empresarios o profesionales sin ingresos de tarjetas de crédito en sectores en los que lo habitual es tenerlos.

Fuentes: Banco de España, Diario Expansión, Boletín Oficial del Estado